Desafíos para una industria nacional de cannabis
Por Pablo Fazio
La semana pasada se reactivó el tratamiento parlamentario del proyecto de ley por el cual se
crea el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo
industrial en nuestro país. El anteproyecto fue elaborado por el Ministerio de Desarrollo
Productivo de la Nación y propone completar los cimientos jurídicos en torno a la explotación
científica e industrial del cannabis.
La discusión del proyecto en las Comisiones de la Cámara de Diputados, así como los
dictámenes resultantes, renuevan la expectativa del sector en todo el país y anticipan que el
proyecto ingresaría al recinto con el suficiente aval para ser aprobado por las diferentes fuerzas
políticas.
Estamos convencidos de que su sanción definitiva en el Congreso Nacional es un hecho político
impostergable. Lo vivimos con gran emoción: se trata de un momento muy esperado, por el que
hemos trabajado colectivamente y el cual constituye un avance hacia una regulación integral.
Su importancia reside en la necesidad de dotar de claridad y previsibilidad a un proceso iniciado
con la sanción de la ley 27.350, la cual habilitó el despertar de una buena cantidad de iniciativas
en todo el país, pero en un escenario de gran incertidumbre y muchos interrogantes que aún
persisten.
El tiempo que viene requerirá de la necesaria definición de una estrategia nacional para el
desarrollo del cannabis, que abone el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A
nivel nacional, es urgente garantizar la coordinación efectiva entre las diversas agencias del
estado, facilitar los procesos administrativos, revisar permanentemente el marco regulatorio y
adecuar la normativa en respuesta a lo que exige esta nueva y cambiante industria.
Será preciso velar por la sostenibilidad del sistema, contemplando la demanda agregada real y
administrando la gestión de licencias con una visión inclusiva, respetuosa del ambiente, que
privilegie un desarrollo territorial armónico, progresivo, plural y equitativo. La misma debe
ubicar a las PyMES, los emprendedores y las cooperativas como los actores centrales del tiempo
por venir del cannabis en Argentina.
Custodiaremos celosamente que efectivamente se priorice y fomente la adquisición de insumos
y derivados de producción nacional por sobre la importación de los mismos; de lo contrario
habremos frustrado, antes de empezar, el desarrollo de todos los encadenamientos productivos
y la agregación local de valor que esta ley pretende generar.
Necesitaremos habilitar rápidamente la exportación y el desarrollo de un mercado interno de
flor seca con fines legales, así como el de productos fitoterápicos, cosméticos y veterinarios, e
incorporar a los cannabinoides en el código alimentario argentino para permitir su uso en
alimentos, bebidas y suplementos dietarios, facilitando su producción y comercialización.
Otro gran desafío será administrar la transición al mercado legal, controlando la venta informal
preexistente y fomentando el abastecimiento de la demanda con productos nacionales
registrados, accesibles, de calidad, trazables y de seguridad comprobada, cuidando a
consumidores, pacientes y usuarios.
Como un hecho de madurez, debemos abandonar rápidamente la simplificación de pensar al
cannabis como el nuevo oro verde. Sin dejar de creer en el enorme potencial de crecimiento
que tiene esta industria y su impacto en el desarrollo sostenible del país, es preciso que
entendamos que Argentina ingresará a un mundo en donde la producción de flor seca para
exportación está viviendo un proceso internacional de commoditización y en el que los
mercados de productos de CBD puro evidencian cierta saturación.
Hacerse un lugar en este entorno competitivo será un reto que requerirá incubar proyectos de
perfil estratégico, acciones y programas de financiamiento, formar cuadros profesionales,
equipos de trabajo, e inversiones en investigación y desarrollo de largo plazo. Debemos apostar
a productos de calidad, novedosos, innovadores e industrializados en base a compuestos
diferenciales y de vanguardia, que incluyan CBD, pero también CBG, CBC, CBN y THC Delta 8,
entre otros.
Ante estos desafíos multidimensionales, precisamos abordar con mucha seriedad y creatividad
el debate sobre los detalles y diversos aspectos puntuales que seguramente surgirán de la
reglamentación que le de el Poder Ejecutivo Nacional a la ley, permaneciendo muy atentos a
una cantidad de resoluciones y disposiciones posteriores que necesariamente completarán el
andamiaje jurídico del cannabis en Argentina.
Es una tarea compleja pues no será fácil tamizar y hacer convivir una multiplicidad de intereses
y miradas que muchas veces no son completamente coincidentes. Será fundamental que los
reguladores, los actores estatales, las empresas y los representantes de la militancia histórica
del cannabis trabajemos juntos para construir una industria competitiva, participativa y robusta
en la que haya espacio para que todos podamos crecer de manera equilibrada y responsable,
con el objetivo de posicionar a Argentina como una marca país en este emergente fenómeno
global.